La organización presentó su Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, centrado en la decisión judicial que rechazó extinguir el proceso contra Jean Alain Rodríguez y otros imputados por el solo vencimiento del plazo legal.
Santo Domingo, RD.– Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, advirtió sobre los riesgos de considerar que el simple transcurso del tiempo debe provocar de manera automática la extinción de los procesos judiciales por corrupción administrativa.
La posición fue expuesta durante la presentación de su Décimo Informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, dedicado a analizar la decisión del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso seguido al exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez y otros procesados.
El informe fue puesto en circulación durante el Segundo Espacio de Diálogo Multisectorial sobre Integridad Pública, actividad en la que participaron especialistas y representantes de distintos sectores para analizar los desafíos que plantea el nuevo Código Penal en materia de justicia, corrupción e integridad pública.
Analizan los efectos del nuevo Código Penal
Durante el encuentro fueron discutidos diversos aspectos relacionados con la investigación y persecución de los delitos de corrupción, la efectividad de las sanciones, el decomiso de bienes y la prescripción, así como la necesidad de mantener un equilibrio entre el poder punitivo del Estado, el debido proceso y las garantías constitucionales.
Participación Ciudadana también resaltó la importancia de que la población conozca las modificaciones y los alcances de las reformas jurídicas, con el propósito de fortalecer el control social y permitir una participación ciudadana más informada en asuntos relacionados con la administración de justicia.
El paso del tiempo no implica una extinción automática
De acuerdo con el Décimo Informe, la decisión judicial analizada constituye un precedente relevante porque establece que el vencimiento del plazo máximo establecido por la legislación no implica, por sí solo, la extinción automática de la acción penal.
La organización explicó que los tribunales deben examinar las circunstancias particulares de cada proceso antes de determinar si corresponde declarar la extinción.
Entre los elementos que deben ser considerados figuran la complejidad del expediente, la actividad procesal de las partes, el comportamiento de las autoridades judiciales y las circunstancias que hayan provocado las demoras durante el desarrollo del proceso.
El informe reconstruye parte de la trayectoria judicial del expediente y señala que únicamente durante la etapa preliminar se realizaron 99 audiencias, además de múltiples actuaciones ante diferentes tribunales.
Entre las situaciones que provocaron aplazamientos se encuentran reposiciones de plazos para garantizar el derecho de defensa, problemas de salud, recusaciones, recursos judiciales, designaciones de defensas técnicas, fusiones de expedientes y otras incidencias procesales.
Según el análisis presentado, el tribunal determinó que, aunque el proceso había superado el plazo legal establecido, no se comprobó una paralización injustificada atribuible a las autoridades judiciales que justificara la extinción de la acción penal.
Por el contrario, consideró que la duración del proceso estuvo vinculada con la complejidad del expediente, la cantidad de actuaciones realizadas y el ejercicio de las facultades procesales de las partes.
Participación Ciudadana pide equilibrio entre garantías y justicia
Participación Ciudadana reconoció que el derecho de toda persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable constituye una garantía fundamental del debido proceso.
Sin embargo, planteó que este derecho debe ser aplicado tomando en cuenta las características de cada expediente, el derecho a la defensa y la responsabilidad de los tribunales de conocer y responder las actuaciones presentadas por las partes.
La organización sostuvo que el objetivo debe ser evitar tanto las dilaciones indefinidas como las extinciones automáticas, procurando que los procesos puedan llegar a una decisión sobre el fondo.
En ese sentido, consideró necesario que los tribunales desarrollen criterios consistentes y debidamente motivados para determinar cuándo corresponde aplicar el plazo razonable y cuándo procede la extinción de la acción penal.
Reclaman procesos que lleguen hasta una decisión judicial
Participación Ciudadana señaló que los procesos relacionados con corrupción deben permitir la presentación y valoración de las pruebas y culminar con una decisión judicial que determine, conforme a las garantías del debido proceso, la culpabilidad o inocencia de las personas procesadas.
La entidad llamó a los órganos jurisdiccionales a preservar simultáneamente los derechos de quienes enfrentan procesos penales y el interés de la sociedad en que los casos de corrupción sean conocidos y decididos conforme a la ley.
El movimiento cívico informó además que continuará dando seguimiento, mediante su Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, a los principales procesos de corrupción que se encuentran en los tribunales dominicanos.
Participación Ciudadana indicó que esta labor forma parte de sus esfuerzos para promover el fortalecimiento de la justicia, la transparencia y el acceso de la ciudadanía a información sobre casos de corrupción administrativa.
