Quimioterapia partida, facturas duplicadas: el fraude que habría convertido el cáncer en un negocio millonario

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El Ministerio Público sostiene que una red vinculada al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer dividía un solo frasco de quimioterapia entre dos pacientes, pero cobraba a Senasa como si cada uno hubiera recibido una dosis completa. El esquema habría desviado unos RD$148.6 millones y puesto en riesgo la atención de personas que luchaban por su vida.

Santo Domingo. La investigación de la denominada Operación Onco14 ha destapado uno de los expedientes más sensibles y moralmente cuestionables de los últimos años en el sistema de salud dominicano: la presunta utilización de pacientes con cáncer para ejecutar un esquema de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Según el expediente del Ministerio Público, los implicados suministraban dosis incompletas de quimioterapia al dividir un mismo frasco entre dos pacientes, mientras facturaban a Senasa dos tratamientos completos, obteniendo un doble pago por un solo medicamento dispensado.

La acusación va más allá de una presunta estafa económica. El órgano persecutor sostiene que también se comercializaban medicamentos donados, se facturaban fármacos biológicos originales mientras se entregaban genéricos de menor costo y se dejaban vencer medicamentos que no podían ser vendidos, prácticas que habrían afectado directamente a pacientes oncológicos, muchos de ellos de escasos recursos.

El Ministerio Público estima que, entre 2018 y octubre de 2025, el esquema permitió el desvío de aproximadamente RD$148.6 millones mediante diversas modalidades fraudulentas. Entre los principales imputados figuran el expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, Héctor Antonio Lora Cruceta, junto a su exesposa y exvicepresidenta del patronato, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán de Lora, además de entidades y empresas presuntamente utilizadas para ejecutar las operaciones ilícitas.

El caso ha provocado indignación porque el presunto entramado no solo habría lesionado las finanzas públicas, sino que, de confirmarse las acusaciones, se habría aprovechado de la vulnerabilidad de pacientes diagnosticados con una de las enfermedades más devastadoras y de los recursos destinados precisamente a garantizarles una oportunidad de tratamiento y supervivencia.

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