La medida pone fin a una suspensión iniciada en marzo de 2025 y permitirá retomar diligencias procesales dirigidas a personas y empresas domiciliadas en ese país.
SANTO DOMINGO, RD.– La República Dominicana restableció el servicio de notificaciones judiciales y otros actos procesales dirigidos a personas físicas y jurídicas domiciliadas en Venezuela, luego de permanecer suspendido temporalmente desde marzo de 2025, informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex).
La reactivación permitirá que abogados, representantes del Ministerio Público, integrantes del Poder Judicial y otros usuarios vuelvan a gestionar estas diligencias a través de los canales oficiales establecidos, conforme a la legislación dominicana vigente.
El Mirex explicó que la decisión fue posible tras la reapertura del Consulado General dominicano en Caracas y la habilitación de las condiciones operativas necesarias para retomar los procedimientos.
Con esta disposición queda sin efecto, exclusivamente para Venezuela, la suspensión comunicada el 24 de marzo de 2025, cuando las tensiones diplomáticas entre ambos países llevaron a interrumpir servicios consulares y trámites relacionados con actuaciones judiciales.
La reanudación representa un paso en la recuperación de los mecanismos institucionales que permiten realizar notificaciones legales transfronterizas, necesarias para comunicar actuaciones procesales a personas o entidades con domicilio fuera del territorio dominicano.
Los interesados en gestionar estos procedimientos pueden recibir orientación a través de la División de Notificaciones en el Exterior de la Dirección de Servicios Consulares del Mirex.
La institución habilitó el correo electrónico notificacionesexterior@mirex.gob.do, el teléfono 809-987-7001, extensiones 7178, 7179, 7448, 7754, 7755, 7759 y 7304, así como el número de WhatsApp 829-470-8374.
El restablecimiento se produce en el contexto del proceso de normalización gradual de las relaciones diplomáticas y consulares entre República Dominicana y Venezuela, anunciado por ambos gobiernos en agosto de 2026, que contempla la recuperación progresiva de los servicios consulares.
