El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aseguró que la situación está siendo analizada luego de que una investigación identificara a 65 familiares de 59 congresistas en las nóminas del Poder Legislativo.
SANTO DOMINGO, RD.– El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó este lunes que se encuentran bajo revisión los casos de familiares de legisladores que aparecen en las nóminas del Congreso Nacional, aunque hasta el momento no se ha anunciado ninguna medida concreta frente a las contrataciones identificadas.
De los Santos indicó que la situación está siendo analizada en su conjunto y que se verificará cómo fueron conformadas las nóminas de los legisladores que tienen familiares contratados en diferentes dependencias del Congreso.
“Eso son cosas que tenemos que ver en su totalidad. Es algo que estamos analizando, lo estamos discutiendo”, declaró el presidente del Senado al ser cuestionado sobre el tema.
El senador también aclaró que, en su caso particular, no tiene familiares contratados en la nómina y señaló que las autoridades deberán revisar individualmente los casos detectados.
65 familiares aparecen en las nóminas
Las declaraciones del presidente del Senado se producen después de una investigación que identificó 65 familiares de 59 legisladores contratados en las nóminas del Congreso Nacional.
De ese total, 53 corresponden a diputados y seis a senadores, mientras que los familiares identificados reciben en conjunto alrededor de RD$2.7 millones mensuales. En el Senado fueron identificados ocho familiares pertenecientes a seis de sus 32 miembros.
La revisión de las nóminas correspondientes a agosto de 2026 encontró familiares ocupando diferentes posiciones dentro de las estructuras legislativas, con salarios que, según la investigación, oscilan entre RD$27,500 y RD$118,000 mensuales.
Un vacío en la normativa
Uno de los elementos centrales del debate es el marco legal que regula este tipo de contrataciones.
La Ley 41-08 de Función Pública establece restricciones para determinados vínculos familiares dentro de una misma institución cuando existe una relación jerárquica. Sin embargo, la legislación excluye de su ámbito de aplicación a los funcionarios de elección popular, entre ellos los miembros del Congreso Nacional.
La investigación también señala que el reglamento de la Cámara de Diputados no establece una prohibición específica sobre la contratación de familiares por parte de los legisladores.
Esto ha generado un escenario en el que la presencia de familiares en las nóminas congresuales no está expresamente prohibida bajo las mismas condiciones que aplican a otros servidores públicos.
Pacheco evita pronunciarse
Mientras el presidente del Senado confirmó que la situación está siendo revisada, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, optó por no responder cuando fue consultado sobre los familiares de legisladores incluidos en la nómina de esa cámara.
Pacheco manifestó expresamente que no respondería la pregunta formulada por el medio sobre los casos revelados.
Ambos presidentes legislativos fueron abordados luego de participar en el acto inaugural del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional.
Investigación abre debate sobre contrataciones
La revelación de los casos ha colocado nuevamente bajo escrutinio la forma en que los legisladores administran el personal de sus oficinas y las condiciones bajo las cuales se producen las designaciones.
El debate incluye aspectos relacionados con la transparencia, los conflictos de interés y los criterios utilizados para la selección del personal, aunque la existencia de un vínculo familiar, por sí sola, no determina necesariamente una infracción penal o administrativa.
Por ahora, el Senado asegura que revisará los casos y verificará las circunstancias de cada contratación, pero no ha establecido un plazo para concluir el proceso ni ha anunciado sanciones o medidas específicas.
La discusión queda abierta mientras ambas cámaras del Congreso evalúan la situación y se mantiene el debate sobre la necesidad de establecer reglas más precisas para regular las contrataciones de familiares de legisladores.
