El Tribunal Superior Electoral se declaró incompetente para conocer la impugnación contra el reglamento de la JCE que limita la publicación de encuestas fuera de la precampaña y envió el caso al Tribunal Constitucional.
Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) decidió remitir al Tribunal Constitucional (TC) el recurso presentado contra el reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que restringe la publicación de encuestas electorales fuera del período de precampaña, al considerar que el caso corresponde al control concentrado de constitucionalidad.
La acción fue interpuesta por la organización Justicia Sin Fronteras, que solicitó la nulidad del artículo 13 del reglamento aprobado por la JCE el 22 de mayo de este año. Dicha disposición establece que las encuestas sobre preferencias electorales solo podrán difundirse desde el inicio de la precampaña hasta el último día hábil antes de las elecciones internas de los partidos políticos.
En la sentencia TSE/0025/2026, el tribunal concluyó que los accionantes buscan eliminar una norma de alcance general del ordenamiento jurídico y no resolver un conflicto particular, por lo que esa competencia corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional.
Los jueces también precisaron que el acto impugnado fue identificado de forma incorrecta como una resolución, cuando en realidad se trata de un reglamento con efectos generales y permanentes, lo que refuerza la competencia del TC para conocer el caso.
La decisión no fue unánime. La magistrada Rafaelina Peralta Arias emitió un voto disidente al considerar que el TSE sí tenía facultad para conocer el recurso y pronunciarse sobre el fondo del asunto. A su juicio, el reglamento de la JCE excede las atribuciones que le otorga la Ley 20-23 al ampliar la prohibición de publicar encuestas más allá de los ocho días previos a las votaciones establecidos por la legislación electoral.
Con esta decisión, será el Tribunal Constitucional el encargado de determinar la validez del reglamento que ha generado cuestionamientos por parte de medios de comunicación, juristas y organizaciones de la sociedad civil, quienes sostienen que la medida podría vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la información.
