El propietario de un restaurante fue localizado tras ser llevado por hombres armados; su permanencia bajo custodia policial mantiene a su familia a la espera de explicaciones.
BARAHONA, RD.– La localización de un comerciante que había sido llevado por la fuerza por varios hombres armados ha convertido un presunto rapto en un caso que plantea interrogantes sobre la seguridad ciudadana, el uso de insignias policiales y la transparencia de las actuaciones de las autoridades.
Samuel Sembel, propietario del restaurante A Fuego Lento, fue interceptado la noche del martes por cuatro individuos encapuchados que, según las denuncias de sus familiares, portaban armas de fuego y prendas con insignias de organismos de investigación policial. El hecho ocurrió en las inmediaciones de su establecimiento, ubicado en la calle doctor Antonio Méndez, próximo al recinto de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en Barahona.
De acuerdo con las versiones difundidas por familiares y empleados, los hombres llegaron en una camioneta Toyota Hilux blanca y obligaron al comerciante a subir al vehículo. Durante el incidente, también habrían intentado llevarse a su esposa, quien se encuentra embarazada.
Horas después, el hombre fue localizado por una patrulla policial en la carretera que conduce al distrito municipal de La Guázara y trasladado a dependencias de la Policía Nacional. Sin embargo, su aparición no puso fin a la incertidumbre de sus allegados, debido a que posteriormente permaneció bajo custodia policial mientras se desarrollaban las investigaciones.
Una familia que exige respuestas
La situación ha generado preocupación entre sus familiares, quienes reclaman que se esclarezcan las circunstancias en que el comerciante fue privado de su libertad y que se expliquen las razones por las que continúa bajo investigación policial.
Su padre, Efraín Sambel, denunció que acudió a la sede policial en busca de información sobre su hijo y que, según su relato, los agentes retuvieron el vehículo en el que se desplazaba. El hombre también pidió que se identifique a los responsables del presunto rapto y se determine si pertenecen a algún organismo de seguridad o si utilizaron insignias oficiales para aparentar esa condición.
Entre los aspectos pendientes de aclaración figuran, además, las denuncias sobre la sustracción del teléfono celular, prendas de valor y dinero del comerciante durante el incidente.
La seguridad ciudadana bajo escrutinio
El caso trasciende la localización de una persona que había sido llevada por la fuerza. La utilización de armas, la actuación de individuos que presuntamente aparentaban ser agentes policiales y las dudas sobre lo ocurrido después de que el comerciante fuera encontrado colocan la investigación bajo la atención de la comunidad.
En un contexto de preocupación por los hechos delictivos, situaciones de esta naturaleza refuerzan la importancia de que las autoridades respondan con rapidez, esclarezcan los acontecimientos y comuniquen de manera transparente los resultados de sus investigaciones.
La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) en Barahona, informó que realiza las indagatorias correspondientes. No obstante, hasta el momento de las informaciones difundidas, no se había ofrecido una explicación pública detallada que permitiera establecer la identidad de los hombres involucrados, sus motivaciones y las circunstancias en que el comerciante terminó bajo custodia policial.
El desafío para las autoridades es esclarecer cada aspecto del caso y determinar las responsabilidades que correspondan, sin dejar espacio a la incertidumbre sobre el uso de insignias oficiales ni sobre las garantías legales de las personas involucradas.
Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Sembel espera respuestas sobre lo ocurrido y reclama que se establezca con claridad quiénes participaron en el hecho y por qué.
