26 muertes en septiembre reabren el debate sobre una transformación que aún no logra responder a fondo a las demandas de la ciudadanía.
SANTO DOMINGO, RD. — La transformación de la Policía Nacional enfrenta una de sus pruebas más incómodas. Mientras el Gobierno exhibe avances en formación, tecnología, equipamiento y patrullaje, septiembre vuelve a colocar bajo escrutinio la manera en que los agentes enfrentan el delito y utilizan la fuerza.
En lo que va de septiembre se han registrado 26 muertes durante intervenciones policiales, casi el doble de las 14 contabilizadas durante ese mismo mes de 2025.
Y el mes todavía no termina.
El dato obliga a mirar el proceso desde otra perspectiva. Más allá de las inversiones, los nuevos agentes y los cambios administrativos, persiste una pregunta fundamental: ¿los cambios estructurales están modificando realmente la actuación policial en las calles?
Una transformación bajo presión
El Gobierno ha impulsado cambios destinados a modificar una institución que durante décadas ha arrastrado cuestionamientos relacionados con formación, estructura, equipamiento y métodos operativos.
Miles de nuevos agentes han ingresado a la institución, se ha ampliado su período de preparación y se han incorporado herramientas tecnológicas para fortalecer el patrullaje y la supervisión.
Pero modernizar una institución no significa necesariamente transformar sus resultados.
El verdadero examen comienza cuando esos cambios se traducen en prevención, respuestas oportunas, investigaciones eficaces y procedimientos ajustados a la ley.
Y ahí aparecen las principales interrogantes.
El número que incomoda
Las 26 muertes registradas durante septiembre colocan nuevamente el uso de la fuerza en el centro del debate.
En varios de estos casos, la Policía ha informado que se produjeron intercambios de disparos.
Cada episodio, sin embargo, requiere una investigación que permita establecer qué ocurrió, cómo comenzó la confrontación, qué armas fueron utilizadas y si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos establecidos.
Una versión policial no debería convertirse automáticamente en la última palabra de una investigación.
La transparencia resulta indispensable para preservar la credibilidad de la institución y determinar responsabilidades cuando corresponda.
Esto tampoco significa desconocer los riesgos que enfrentan los agentes. La Policía tiene la obligación de responder ante situaciones de violencia y proteger a la ciudadanía, pero precisamente por el poder que ejerce necesita controles claros y mecanismos efectivos de supervisión.
Más patrullaje no resuelve el problema
El país necesita una Policía preparada y con capacidad operativa.
Pero también requiere inteligencia criminal, prevención, investigación y coordinación efectiva con el Ministerio Público.
El patrullero que llega después de ocurrido un delito cumple una función necesaria, pero insuficiente.
La institución debe desarrollar mayor capacidad para identificar patrones, anticipar conflictos, perseguir estructuras criminales y utilizar información para concentrar sus recursos donde realmente se necesitan.
La Policía del futuro no puede limitarse a reaccionar; debe anticiparse.
La otra cara de las estadísticas
Las autoridades han presentado cifras que reflejan una reducción de la tasa general de homicidios en República Dominicana.
Ese indicador forma parte de cualquier evaluación seria sobre la criminalidad.
Pero una disminución de los homicidios generales no elimina las interrogantes provocadas por el aumento de muertes durante determinadas actuaciones policiales.
Son fenómenos distintos y deben analizarse por separado.
Una política pública puede mostrar avances en un indicador mientras enfrenta dificultades en otro.
Por eso, el debate no debería reducirse a una disputa de cifras, sino concentrarse en qué está funcionando, dónde persisten las fallas y qué mecanismos deben corregirse.
El ciudadano como verdadero medidor
El éxito de una transformación institucional no debería determinarse solamente por el número de policías capacitados, destacamentos construidos o dispositivos tecnológicos incorporados.
También debe observarse lo que ocurre en las comunidades.
Un ciudadano espera poder denunciar un delito y recibir respuesta; encontrar agentes preparados para intervenir; contar con investigadores capaces de esclarecer los casos y tener garantías de que una actuación policial estará sometida a reglas claras.
La confianza no se decreta.
Se construye con resultados, transparencia y actuaciones que puedan resistir el escrutinio público.
Un desafío que va más allá del uniforme
La criminalidad tampoco puede colocarse exclusivamente sobre los hombros de la Policía.
La respuesta estatal involucra al Ministerio Público, Poder Judicial, sistema penitenciario, organismos de inteligencia, gobiernos locales y otras instituciones.
La persecución del delito requiere coordinación y continuidad.
Una Policía mejor preparada puede enfrentar una parte del problema, pero no sustituye las deficiencias que puedan existir en otras etapas del sistema.
La pregunta sigue abierta
La transformación policial ha consumido años de trabajo y recursos públicos.
Ahora necesita demostrar resultados que puedan ser comprobados más allá de los anuncios oficiales.
Las 26 muertes registradas en septiembre no permiten, por sí solas, concluir que todo el proceso haya fracasado.
Pero tampoco pueden ser ignoradas.
Son un dato que obliga a revisar protocolos, procedimientos, controles y resultados.
Porque República Dominicana no necesita únicamente una Policía más moderna.
Necesita una institución capaz de prevenir, investigar, responder con eficacia y ejercer la autoridad dentro de la ley.
Mientras esos objetivos no terminen de reflejarse plenamente en las calles, la transformación continuará enfrentando su mayor desafío: demostrar que el cambio institucional también está produciendo un cambio real en la vida cotidiana de los ciudadanos.
