El abogado cuestionó la actuación de la legisladora durante las fiestas patronales de Comendador y recordó que las prerrogativas constitucionales de los congresistas no representan una licencia para incumplir la ley ni un mecanismo de impunidad.
SANTO DOMINGO, RD. — El abogado Luis Yépez Suncar calificó de reprochable y consideró un abuso de la inmunidad parlamentaria la actuación de una diputada de la provincia Elías Piña que se esposó junto a un ciudadano que iba a ser detenido por agentes de la Policía Nacional, durante un incidente ocurrido en las fiestas patronales del municipio Comendador.
El caso se produjo en medio de un conflicto relacionado con música a alto volumen y derivó en un enfrentamiento entre la legisladora y miembros de la institución del orden, situación que motivó al jurista a cuestionar el comportamiento de la congresista y el alcance de las prerrogativas constitucionales que protegen a los representantes del Poder Legislativo.
Al abordar el tema en su análisis semanal Mi pensamiento en dos minutos, Yépez Suncar sostuvo que la inmunidad parlamentaria no debe interpretarse como un privilegio personal ni como una autorización para intervenir indebidamente en procedimientos legítimos de las autoridades.
El abogado enfatizó que esta garantía tiene una finalidad institucional: proteger el ejercicio de las funciones legislativas y permitir que los congresistas desempeñen sus responsabilidades sin interferencias indebidas. Sin embargo, advirtió que su alcance no coloca a los legisladores por encima de la ley ni los libera de las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de sus actuaciones.
¿Qué establece la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria?
Yépez Suncar explicó que el artículo 86 de la Constitución de la República Dominicana establece garantías específicas para los diputados y senadores durante el ejercicio de sus funciones, particularmente en lo relativo a la privación de libertad durante la legislatura.
De acuerdo con el precepto constitucional, los legisladores no pueden ser privados de su libertad durante la legislatura sin la autorización de la cámara a la que pertenezcan, salvo en los casos de flagrante delito.
El jurista precisó que esta protección no equivale a una declaración de impunidad ni elimina la posibilidad de que un congresista deba responder por hechos que puedan constituir infracciones legales.
En ese sentido, señaló que cualquier actuación que comprometa la responsabilidad jurídica de un legislador debe examinarse conforme a la Constitución, las leyes vigentes y los procedimientos correspondientes, incluidas las garantías que regulan el levantamiento de la inmunidad parlamentaria cuando proceda.
Su planteamiento se centra en la necesidad de distinguir entre las protecciones destinadas a garantizar la independencia de la función legislativa y aquellas interpretaciones que podrían convertirlas, a su juicio, en un instrumento de privilegio individual.
La representación popular exige prudencia y responsabilidad
El abogado sostuvo que ocupar una curul en el Congreso Nacional implica asumir un compromiso con la ciudadanía que debe ejercerse con sensatez, prudencia y respeto al ordenamiento jurídico.
Afirmó que los legisladores tienen la responsabilidad de defender los derechos e intereses de la población, promover el bienestar colectivo y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Desde esa perspectiva, consideró que la intervención de un representante público en un conflicto debe orientarse a facilitar una solución pacífica, sin generar enfrentamientos innecesarios con las autoridades que actúan dentro del ámbito de sus atribuciones.
Yépez Suncar advirtió que las prerrogativas constitucionales de los congresistas no deben confundirse con una facultad para desconocer la autoridad legítima de los organismos responsables de preservar el orden público.
Asimismo, destacó que la confianza depositada por los electores exige una conducta acorde con la responsabilidad institucional que representa el cargo, especialmente en situaciones que involucran a funcionarios públicos y agentes encargados de hacer cumplir la ley.
Llama a fortalecer el respeto a las instituciones
Al concluir su análisis, Yépez Suncar exhortó a los legisladores a ejercer sus funciones con responsabilidad institucional y a utilizar las garantías constitucionales exclusivamente para los fines que justifican su existencia.
Reiteró que la inmunidad parlamentaria constituye una protección vinculada al adecuado desempeño de la labor congresual, no un escudo frente a posibles actuaciones contrarias a la ley ni una justificación para alimentar conflictos evitables.
El jurista consideró necesario preservar una cultura de respeto a las normas, en la que las diferencias entre ciudadanos, representantes políticos y autoridades se aborden mediante los mecanismos legales correspondientes.
El incidente ocurrido durante las fiestas patronales de Comendador vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre los límites de la inmunidad parlamentaria, la responsabilidad de los funcionarios electos y la importancia de garantizar que las prerrogativas constitucionales sean ejercidas conforme a su propósito institucional.
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