Apagones, tarifas elevadas y desigualdad energética: el peso que soportan las familias, las microempresas y las pymes dominicanas
Santo Domingo.– En una economía que aspira a ser cada vez más competitiva, la electricidad debería ser un motor del desarrollo. Sin embargo, para miles de dominicanos, especialmente en los sectores más vulnerables, el servicio eléctrico continúa siendo una de las principales fuentes de incertidumbre económica y social.
Mientras el país exhibe importantes inversiones en generación, proyectos de modernización y avances en la diversificación de la matriz energética, persiste una realidad que golpea diariamente a miles de hogares: apagones prolongados, interrupciones constantes, fluctuaciones de voltaje, daños a electrodomésticos y facturas que, en muchos casos, resultan difíciles de asumir.
Las recientes denuncias de residentes de Punta de Villa Mella, quienes aseguran permanecer hasta un día completo sin electricidad, reavivan un debate que por décadas ha permanecido sin una solución definitiva: ¿por qué los ciudadanos con menor capacidad económica siguen siendo quienes cargan con las mayores consecuencias de las deficiencias del sistema eléctrico?
Una desigualdad que también se mide en kilovatios
La energía eléctrica dejó hace mucho tiempo de ser un simple servicio público. Hoy representa un elemento indispensable para la educación, la salud, la seguridad, la productividad y la calidad de vida.
Sin embargo, en numerosas comunidades del país las interrupciones del servicio forman parte de la rutina cotidiana.
Cuando la electricidad desaparece durante horas, sus efectos no impactan a todos por igual.
Quienes poseen mayores ingresos tienen la posibilidad de instalar plantas eléctricas, sistemas solares, inversores de alta capacidad o bancos de baterías que les permiten mantener sus actividades.
Las familias de menores recursos, por el contrario, únicamente pueden esperar.
Esperar que los alimentos no se dañen.
Esperar que el agua vuelva a subir al tanque.
Esperar que disminuya el calor para poder dormir.
Esperar que los niños puedan completar sus tareas escolares.
Esperar que el servicio regrese antes de perder otro día de trabajo.
En la práctica, la desigualdad energética termina ampliando la brecha económica y social.
El golpe silencioso a las microempresas y las pymes
Uno de los sectores más afectados por esta realidad es el de las micro, pequeñas y medianas empresas, responsables de una parte significativa del empleo y de la actividad económica nacional.
Colmados, panaderías, talleres, salones de belleza, farmacias, centros de impresión, cafeterías, laboratorios y cientos de pequeños negocios dependen de un suministro eléctrico estable para operar.
Cada apagón representa pérdidas económicas.
Los alimentos perecederos se deterioran.
Las bebidas dejan de enfriarse.
Los equipos electrónicos sufren daños por las fluctuaciones de voltaje.
Las ventas disminuyen.
Los clientes se marchan.
La productividad cae.
En consecuencia, el crecimiento de miles de emprendedores se ve limitado por un problema que continúa afectando la competitividad nacional.
La doble carga que enfrentan los usuarios
Para una gran parte de la población existe una percepción difícil de ignorar.
Por un lado, reciben un servicio que consideran inestable.
Por otro, deben asumir facturas que muchas veces no reflejan la calidad del suministro recibido.
Cuando ambas situaciones coinciden, surge un sentimiento de profunda injusticia.
A ello se suma una realidad aún más costosa: la compra de inversores, baterías, reguladores de voltaje, plantas eléctricas y el mantenimiento permanente de esos equipos.
En otras palabras, numerosas familias terminan pagando dos veces por la electricidad: primero mediante la factura mensual y luego financiando sistemas privados para compensar las deficiencias del servicio.
Las asimetrías del sistema
Otro aspecto recurrente en el debate público es la percepción de que los grandes consumidores cuentan con mayores facilidades para garantizar la continuidad de su suministro o absorber el impacto económico de las interrupciones.
No se trata únicamente de comparar tarifas, cuya estructura responde a diferentes categorías regulatorias, sino de reconocer una realidad evidente: las grandes empresas poseen mayor capacidad financiera para invertir en sistemas de respaldo y soportar eventuales pérdidas.
En contraste, un pequeño comerciante o una familia de escasos recursos carecen de ese margen de maniobra.
Por ello, cada apagón representa una carga proporcionalmente mucho mayor para quienes menos recursos poseen.
Una economía que pierde competitividad
El costo de la inestabilidad eléctrica trasciende los hogares.
También limita la inversión.
Reduce la productividad.
Incrementa los costos de producción.
Encarece bienes y servicios.
Disminuye la competitividad del país.
Una empresa obligada a destinar importantes recursos para mantener plantas eléctricas, combustible o sistemas de respaldo inevitablemente incorpora esos costos al precio final de sus productos.
Al final, quien termina pagando esa ineficiencia es el consumidor.
El desafío va más allá de generar más energía
Durante las últimas décadas, República Dominicana ha aumentado considerablemente su capacidad de generación eléctrica.
No obstante, la experiencia diaria de miles de ciudadanos demuestra que disponer de más generación no siempre se traduce en un servicio confiable.
El verdadero desafío sigue siendo integral.
Implica modernizar las redes de distribución, reducir pérdidas técnicas y no técnicas, fortalecer la infraestructura, mejorar la gestión de las empresas distribuidoras, garantizar un mantenimiento preventivo eficiente y ofrecer información oportuna y transparente cuando ocurran interrupciones programadas o emergencias.
La energía como condición para el desarrollo
El progreso de un país no puede medirse únicamente por el crecimiento económico o la construcción de grandes obras de infraestructura.
También debe evaluarse por la calidad de los servicios públicos que reciben sus ciudadanos.
Hoy la electricidad sostiene prácticamente toda la actividad nacional: la educación, la salud, la industria, el comercio, los servicios financieros, el trabajo remoto y la transformación digital.
Cuando el servicio falla de manera recurrente, no solo se apagan bombillas.
También se reducen oportunidades.
Se limita la productividad.
Se deteriora la confianza ciudadana.
Y se dificulta la movilidad social de quienes ya enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
Una deuda que sigue pendiente
El sistema eléctrico dominicano ha sido objeto de múltiples reformas, inversiones y planes de modernización durante décadas.
Sin embargo, mientras continúen existiendo comunidades que denuncian permanecer largas horas e incluso días sin electricidad; mientras pequeños comerciantes sigan perdiendo mercancías por las interrupciones constantes; y mientras miles de familias deban destinar una parte importante de sus ingresos a protegerse de las fallas del servicio, el debate seguirá abierto.
Garantizar un suministro eléctrico confiable, eficiente y equitativo no debe verse únicamente como un reto técnico o financiero.
Debe asumirse como una política pública esencial para reducir desigualdades, fortalecer la producción nacional, impulsar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y garantizar que el acceso a un servicio fundamental no dependa del nivel de ingresos ni del lugar donde vive cada ciudadano.
Porque una nación no puede aspirar a un desarrollo sostenible cuando la energía, que debería impulsar el progreso, continúa siendo un obstáculo para quienes más la necesitan.
