El Ministerio Público acusa al expresidente boliviano de su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio. La orden de aprehensión también incluye cargos por asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentados contra la seguridad del Estado y los servicios públicos.
La Paz, Bolivia. La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, así como de otros cargos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de este año.
De acuerdo con la disposición emitida por el fiscal Brayan Melgar, el exmandatario habría tenido una presunta participación en las movilizaciones organizadas para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz.
La orden de aprehensión también atribuye a Morales los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, al considerar que las protestas afectaron la circulación, el abastecimiento y el funcionamiento de infraestructuras esenciales.
Según las autoridades, la investigación busca determinar el grado de responsabilidad del exgobernante en la organización y desarrollo de las manifestaciones, las cuales provocaron bloqueos en distintas carreteras del país y generaron interrupciones en el transporte de personas y mercancías.
La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para solicitar la captura de Morales como parte del proceso penal abierto en su contra, mientras continúan las investigaciones sobre los hechos ocurridos durante las jornadas de protesta.
Hasta el momento, el expresidente no se ha pronunciado públicamente sobre la nueva orden de captura. En ocasiones anteriores, Morales ha rechazado las acusaciones formuladas en su contra y ha denunciado que enfrenta una persecución política impulsada por sus adversarios.
El caso se desarrolla en un contexto de alta tensión política en Bolivia, donde las diferencias entre el Gobierno y sectores afines al exmandatario han derivado en movilizaciones, enfrentamientos y una creciente polarización en torno a la situación política e institucional del país.
La orden de captura representa un nuevo capítulo en los procesos judiciales que enfrenta Evo Morales y podría intensificar el debate político sobre la crisis que atraviesa Bolivia y las acciones adoptadas por las autoridades para restablecer el orden público.
