La institución sostiene que la ley no la obliga a publicar los resultados, mientras una gran cantidad de auditorías realizadas con recursos públicos permanece fuera del alcance de la ciudadanía
Santo Domingo, RD. – La decisión de la Contraloría General de la República de no publicar una parte importante de las auditorías realizadas durante los últimos años ha vuelto a colocar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en el centro del debate público.
La institución ha confirmado que mantiene bajo reserva numerosos informes y sostiene que no tiene la obligación legal de hacerlos públicos. En respuestas a solicitudes de información, el contralor general, Geraldo Espinosa Pérez, se ha amparado en la Ley 10-07, que regula el funcionamiento del organismo, para justificar la negativa a entregar los documentos.
Según la información disponible, la Contraloría ha indicado que los informes deben esperar a ser oficializados por el Poder Ejecutivo antes de ser divulgados.
Una política que cambió
La situación representa un cambio respecto a la política adoptada al inicio de la actual administración. En 2020, el presidente Luis Abinader dispuso la realización de auditorías a las instituciones públicas correspondientes a la gestión anterior y posteriormente ordenó procesos similares sobre funcionarios de su propia administración.
En ese momento también se planteó la publicación de los resultados como parte del compromiso oficial con la transparencia y la rendición de cuentas.
Sin embargo, las publicaciones comenzaron a reducirse y, de acuerdo con los datos disponibles, desde 2023 la divulgación de estos informes ha sido considerablemente menor.
Actualmente, en el portal de la Contraloría figuran 38 auditorías publicadas, de las cuales solamente tres corresponden a 2026. La cifra contrasta con las 390 auditorías ejecutadas entre 2023 y 2025, lo que significa que las publicadas representan alrededor del 9.7 % de las realizadas durante ese período.
Informes financiados con recursos públicos
Uno de los aspectos que genera mayor cuestionamiento es que muchas de estas auditorías fueron realizadas utilizando recursos del Estado y, en algunos casos, mediante la contratación de firmas privadas.
Esto significa que parte de los resultados de procesos de fiscalización financiados con fondos públicos permanece fuera del conocimiento de la ciudadanía.
La situación también alcanza auditorías realizadas a instituciones específicas. Entre los casos señalados figuran informes correspondientes al Ministerio de Agricultura, cuyos resultados no han sido divulgados oficialmente bajo el argumento de que se trata de documentos preliminares.
El debate sobre la transparencia
La controversia plantea interrogantes sobre hasta dónde debe llegar el derecho ciudadano a conocer cómo se manejan los recursos públicos y qué resultados arrojan los mecanismos de control interno del Estado.
Mientras la Contraloría sostiene que la Ley 10-07 no establece una obligación de publicar sus auditorías, la ausencia de una mayor divulgación mantiene abierta la discusión sobre la transparencia de la gestión pública y el acceso de la sociedad a información relacionada con el uso de los fondos estatales.
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