De las 36 audiencias celebradas hasta la fecha, 30 se han dedicado exclusivamente al conocimiento de incidentes procesales, mientras el Ministerio Público aún no ha presentado formalmente sus pruebas.
Santo Domingo.– El juicio de fondo que se sigue contra el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros 14 imputados por presuntos actos de corrupción administrativa continúa sin avanzar al conocimiento de la acusación, debido a que la mayor parte de las audiencias se ha concentrado en resolver incidentes planteados por las partes.
De acuerdo con datos suministrados por la Secretaría del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, de las 36 audiencias realizadas hasta el momento, 30 han estado destinadas exclusivamente al conocimiento de recursos e incidentes promovidos por las defensas, así como a las réplicas del Ministerio Público, lo que ha impedido iniciar el debate del fondo del expediente.
El proceso judicial, que lleva más de un año en la etapa de juicio de fondo y alrededor de cinco años en los tribunales, tampoco logró avanzar cuando era conocido por un tribunal anterior, cuyos jueces fueron apartados tras una recusación presentada por la defensa del exfuncionario.
Durante la audiencia más reciente, las juezas rechazaron varios incidentes con los que la defensa buscaba anular la apertura a juicio. Asimismo, otorgaron un plazo para que los imputados presenten recursos de oposición contra esa decisión, lo que provocó un nuevo aplazamiento del proceso.
El abogado Carlos Balcácer, representante legal de Jean Alain Rodríguez, cuestionó el plazo fijado por el tribunal para recurrir la resolución, al sostener que el Código Procesal Penal establece un período de seis días y no de tres, por lo que consideró que la decisión afecta las garantías procesales de su defendido.
La próxima audiencia fue programada para el 22 de julio, fecha en la que se espera que, una vez agotados los recursos pendientes, el Ministerio Público pueda presentar sus alegatos de apertura e iniciar finalmente la exposición de las pruebas en uno de los procesos por presunta corrupción administrativa más complejos que conoce la justicia dominicana.
