La organización considera que, aunque la normativa presenta deficiencias, no debe aplazarse su entrada en vigencia y plantea que las correcciones sean realizadas por el Congreso Nacional y el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo.– Participación Ciudadana afirmó que el nuevo Código Penal debe entrar en vigor una vez concluya el período de vacatio legis, al considerar que extender el plazo para su aplicación no constituye un precedente adecuado, pese a reconocer que la legislación fue aprobada con debilidades que deben ser corregidas.
En un comunicado emitido por su Consejo Nacional, la organización sostuvo que las modificaciones al texto legal pueden realizarse en cualquier momento, incluso antes de que entre en vigencia, ya sea mediante nuevas iniciativas legislativas del Congreso Nacional o a través de decisiones del Tribunal Constitucional, que ya conoce recursos relacionados con algunos aspectos de la normativa.
Entre los temas que, a juicio de Participación Ciudadana, requieren revisión figuran la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo como eximentes de responsabilidad penal, así como la despenalización de los delitos de difamación, injuria y ultraje, argumentando que estas medidas fortalecerían la protección de la libertad de expresión, la difusión del pensamiento y el ejercicio del periodismo.
La entidad destacó, sin embargo, que el nuevo Código Penal incorpora alrededor de 70 nuevos tipos penales que amplían el alcance de la legislación en áreas como la violencia de género e intrafamiliar, feminicidio, cibercrímenes, delitos tecnológicos, corrupción, sicariato, genocidio, crímenes de lesa humanidad, autosecuestro y obstrucción de la justicia, entre otros.
En materia de corrupción administrativa, señaló que la nueva normativa contempla sanciones para conductas como el tráfico de influencias, los conflictos de intereses, la alteración de precios, los acuerdos ilícitos entre comerciantes, la sobrevaluación ilegal, el pago irregular en contratos administrativos y la distracción de recursos públicos, además de establecer un plazo de prescripción de 20 años para las infracciones contra el patrimonio del Estado.
Participación Ciudadana indicó que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo trabaja en un anteproyecto de ley destinado a corregir las deficiencias identificadas en el Código Penal, por lo que expresó su expectativa de que la propuesta sea presentada al Congreso Nacional a la mayor brevedad para su conocimiento y eventual aprobación.
La organización reiteró que las correcciones necesarias no deben impedir la entrada en vigor de la legislación en la fecha prevista, al considerar que el país requiere la aplicación de un Código Penal actualizado que fortalezca la persecución de nuevos delitos y responda a las necesidades actuales del sistema de justicia.
