La institución había intervenido el establecimiento en 2025 y alertado sobre su situación irregular; un año después, 14 niños, niñas y adolescentes fueron encontrados nuevamente bajo su cuidado, abriendo interrogantes sobre el seguimiento oficial
SANTO DOMINGO, RD. — La situación registrada en la Fundación Restaurando Vida, Un Muerto que Revive, en Haina, pone bajo escrutinio la capacidad de supervisión de las instituciones responsables de proteger a niños, niñas y adolescentes.
El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) informó que ya había intervenido el establecimiento en septiembre de 2025, cuando determinó que no contaba con la habilitación requerida para operar con menores. En ese momento, los niños fueron reintegrados a sus familias y la situación fue comunicada a las autoridades correspondientes.
Sin embargo, aproximadamente un año después, el establecimiento volvió a tener menores bajo su cuidado. Durante un operativo realizado recientemente fueron encontrados 14 niños, niñas y adolescentes. Diez permanecen bajo protección de CONANI y cuatro fueron entregados a sus madres.
El caso también incluye denuncias de presunto maltrato, por lo que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias en que se encontraban los menores y determinar eventuales responsabilidades.
Más allá de la investigación penal, el episodio plantea interrogantes sobre el seguimiento dado al establecimiento después de la primera intervención y sobre los mecanismos existentes para impedir que un centro sin habilitación vuelva a operar con menores.
CONANI es el órgano rector del Sistema Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, por lo que su responsabilidad no se limita a intervenir cuando una situación de riesgo ya se ha producido. También incluye funciones de regulación, supervisión, habilitación y coordinación con las demás instituciones encargadas de garantizar la protección de la niñez.
El caso de Haina coloca nuevamente sobre la mesa una pregunta que deberá ser respondida por las autoridades: si el establecimiento ya había sido identificado como no habilitado, ¿cómo pudo volver a funcionar con menores bajo su cuidado?
La respuesta será clave para determinar si existieron fallas en la supervisión institucional y qué medidas deben adoptarse para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
