El senador por la provincia Duarte afirmó que los recursos fueron destinados por el Poder Ejecutivo a demarcaciones cuyos municipios carecen de centros multiusos. Al referirse al reclamo de Héctor Acosta, señaló que Monseñor Nouel habría recibido alrededor de RD$30 millones, lo que reaviva el debate sobre los criterios de asignación de los fondos públicos.
SANTO DOMINGO, RD.– El senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, abordó este miércoles la distribución de los RD$2,000 millones recuperados mediante acciones contra la corrupción, en medio de los cuestionamientos planteados por legisladores sobre la asignación de estos recursos a las diferentes provincias del país.
Romero explicó que los fondos fueron distribuidos por el Poder Ejecutivo tomando en consideración las demarcaciones cuyos municipios no cuentan con centros multiusos, instalaciones destinadas a la realización de actividades comunitarias, culturales, deportivas y sociales.
Al referirse a las críticas de su colega Héctor Acosta, senador por Monseñor Nouel, quien cuestionó que una parte considerable de los recursos fuera asignada a La Vega mientras otras provincias quedaron fuera del reparto, Romero indicó que la demarcación representada por Acosta habría recibido alrededor de RD$30 millones.
La diferencia entre los montos asignados ha generado interrogantes sobre los parámetros utilizados para determinar las partidas correspondientes a cada territorio, así como sobre la necesidad de que las autoridades expliquen con mayor detalle los criterios aplicados en la distribución.
Diferencias en la asignación de los recursos
El debate surgió luego de que Héctor Acosta manifestara su inconformidad con la distribución de los fondos recuperados de la corrupción, al considerar que las necesidades de las provincias debieron tomarse en cuenta de manera más equitativa.
El legislador cuestionó particularmente la asignación de RD$1,200 millones a La Vega y señaló que otras demarcaciones también necesitan inversiones para ejecutar obras y atender las demandas de sus comunidades.
En respuesta a ese planteamiento, Romero ofreció una explicación sobre el propósito de la distribución, vinculándola con la falta de centros multiusos en determinados municipios.
No obstante, la diferencia entre las partidas mencionadas mantiene abierta la discusión sobre cómo se establecieron las prioridades, qué municipios fueron seleccionados y cuáles fueron los factores utilizados para determinar los montos asignados.
La publicación de información detallada sobre los recursos distribuidos, las localidades beneficiadas y los proyectos contemplados permitiría conocer con mayor precisión el alcance de la medida y evaluar cómo responde a las necesidades de cada provincia.
Transparencia y planificación de las obras
La distribución de recursos extraordinarios provenientes de la recuperación de fondos vinculados a casos de corrupción ha puesto de relieve la importancia de establecer criterios claros para la inversión pública.
Aunque la construcción de centros multiusos puede contribuir al desarrollo comunitario, la asignación de recursos entre territorios también requiere información verificable sobre las necesidades identificadas, los proyectos aprobados, sus costos y los mecanismos de ejecución.
En ese contexto, las declaraciones de Romero y los cuestionamientos de Acosta reflejan distintas posiciones dentro del debate legislativo sobre la distribución territorial de los fondos.
La discusión se centra ahora en la necesidad de conocer con claridad cómo fueron calculadas las partidas y qué mecanismos de seguimiento se aplicarán para garantizar que los recursos se traduzcan en obras y servicios para la población.
La información disponible no detalla el listado completo de provincias y municipios beneficiados ni el desglose oficial de los montos asignados a cada demarcación, por lo que esos datos serían necesarios para establecer una comparación integral de la distribución.
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