El Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025 revela que 15,025 personas permanecían en prisión preventiva al cierre del año, mientras que la población penitenciaria superaba en 6,913 internos la capacidad instalada de las cárceles. La institución advierte sobre deficiencias sanitarias, falta de medicamentos y personas obligadas a dormir en el suelo.
Santo Domingo, República Dominicana.— La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) advirtió sobre la persistencia del hacinamiento y el elevado porcentaje de personas privadas de libertad que permanecen en prisión preventiva en la República Dominicana, dos de los principales problemas que afectan al sistema penitenciario nacional.
La alerta está contenida en el Informe sobre las Condiciones de Detención y Prisión 2025, presentado por la institución en el auditorio de la Suprema Corte de Justicia, donde se expusieron cifras que evidencian los desafíos pendientes para garantizar condiciones de reclusión compatibles con la dignidad humana y los estándares internacionales de derechos humanos.
El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, expresó su preocupación por el incremento sostenido de la prisión preventiva y sus consecuencias sobre la capacidad de los centros penitenciarios para ofrecer condiciones adecuadas a las personas bajo custodia del Estado.
Durante la presentación, el funcionario insistió en que esta medida cautelar debe aplicarse de manera excepcional y no convertirse en la regla dentro del sistema de justicia penal.
Más de 15 mil personas permanecían en prisión preventiva
De acuerdo con el informe, al cierre de 2025 la población penitenciaria dominicana ascendía a 23,270 personas privadas de libertad. De ese total, 15,025 se encontraban bajo prisión preventiva, equivalentes al 64.57 %, mientras que 8,156, correspondientes al 35.43 %, cumplían condenas definitivas, según las cifras reportadas por la institución.
Estos datos reflejan el peso que tiene la prisión preventiva dentro del sistema penitenciario y plantean interrogantes sobre la duración de los procesos judiciales, la aplicación de medidas de coerción y la necesidad de garantizar el respeto al principio de presunción de inocencia.
La Defensa Pública considera que el uso prolongado de la prisión preventiva representa un desafío para el sistema de justicia, debido a que mantiene a numerosas personas privadas de libertad sin una sentencia condenatoria definitiva.
La institución llamó a fortalecer los mecanismos que permitan revisar oportunamente las medidas de coerción y garantizar que la prisión preventiva se utilice conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad y excepcionalidad.
Hacinamiento carcelario supera la capacidad instalada
Otro de los hallazgos más preocupantes del documento es la sobrepoblación que afecta a los centros penitenciarios del país.
El informe establece que el sistema cuenta con una capacidad instalada de 16,357 plazas, frente a una población de 23,270 internos. Esta diferencia representa una ocupación de 142.26 % y un excedente de 6,913 personas por encima de la capacidad disponible.
En términos prácticos, las cárceles dominicanas albergan aproximadamente un 42.26 % más de personas de las que están diseñadas para recibir, una situación que dificulta la administración de los recintos y limita las posibilidades de garantizar espacios adecuados para dormir, recibir atención médica y desarrollar actividades de rehabilitación.
Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Cárceles de la ONDP, explicó que las consecuencias del hacinamiento se reflejan en las condiciones cotidianas de los internos.
Según indicó, numerosos privados de libertad deben dormir en el suelo, en pasillos, debajo de camarotes y en estructuras improvisadas conocidas como «goletas», debido a la insuficiencia de espacios disponibles.
Estas condiciones incrementan las dificultades para mantener la higiene, preservar la salud y garantizar una convivencia adecuada dentro de los recintos penitenciarios.
Mujeres y adolescentes requieren atención diferenciada
El documento también presenta la composición de la población penitenciaria al cierre de 2025.
De acuerdo con los datos suministrados, 22,563 personas eran hombres, equivalentes al 96.96 %, mientras que 707 eran mujeres, para un 3.04 % del total.
Aunque las mujeres representan una proporción minoritaria de la población recluida, la Defensa Pública destacó la necesidad de desarrollar políticas que respondan a sus necesidades particulares, en consonancia con las Reglas de Bangkok de las Naciones Unidas.
La institución también señaló la importancia de garantizar una atención especializada a los adolescentes en conflicto con la ley penal, conforme a los principios de protección integral y a las directrices internacionales recogidas en las Reglas de Beijing.
El planteamiento busca que las políticas penitenciarias y los mecanismos de atención tomen en cuenta las diferencias entre los grupos de población y sus respectivas necesidades.
Deficiencias sanitarias y falta de medicamentos
El informe documenta, además, problemas relacionados con el acceso a servicios de salud, la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos, la atención de la salud mental y el suministro de alimentos.
A estas dificultades se suman las limitaciones de vehículos para trasladar a los internos a los tribunales y a los centros hospitalarios, lo que puede complicar el cumplimiento de las diligencias judiciales y la atención médica oportuna.
La ONDP también llamó la atención sobre la situación de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago, donde fueron identificados problemas de insalubridad, humedad, deterioro estructural y presencia de plagas.
Estas condiciones representan un desafío para las autoridades responsables de la custodia de las personas privadas de libertad y refuerzan la necesidad de adoptar medidas correctivas que garanticen instalaciones seguras y adecuadas.
Reconocen avances en la reforma penitenciaria
Pese a los problemas identificados, la Defensa Pública reconoció avances en el proceso de transformación del sistema penitenciario dominicano.
Entre ellos mencionó el proceso de cierre técnico de la Penitenciaría Nacional de La Victoria, el traslado gradual de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, la construcción de nuevos centros y el fortalecimiento de programas educativos y de capacitación dirigidos a la población privada de libertad.
Asimismo, destacó las gestiones para construir un nuevo centro destinado a adolescentes en conflicto con la ley penal en La Vega, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención y protección de esa población.
La institución consideró que estas iniciativas constituyen pasos importantes, aunque los datos sobre hacinamiento y las condiciones de detención evidencian que persisten desafíos estructurales que requieren continuidad y seguimiento.
Defensa Pública pide profundizar la reforma penitenciaria
Al presentar los resultados, Rodolfo Valentín Santos sostuvo que el objetivo del informe no se limita a identificar deficiencias, sino que también busca aportar elementos para impulsar políticas públicas y soluciones sostenibles.
Entre las prioridades señaladas figuran reducir la sobrepoblación carcelaria, fortalecer el carácter excepcional de la prisión preventiva, mejorar los servicios sanitarios y garantizar que las personas bajo custodia estatal reciban un trato compatible con sus derechos fundamentales.
La ONDP también plantea la importancia de fortalecer la coordinación entre las instituciones del sistema de justicia, las autoridades penitenciarias y los organismos responsables de las políticas públicas, para que las medidas adoptadas produzcan mejoras verificables.
El informe constituye un llamado a mantener la reforma penitenciaria como una prioridad nacional, en momentos en que las cifras revelan una brecha considerable entre la capacidad de los recintos y la cantidad de personas que albergan.
La Oficina Nacional de Defensa Pública reiteró que las condiciones de detención deben respetar la dignidad humana y el Estado de derecho, y que la reducción del hacinamiento, el uso excepcional de la prisión preventiva y el acceso a servicios esenciales son aspectos fundamentales para avanzar hacia un sistema penitenciario más digno y compatible con los derechos humanos.
