El Gobierno entregó 200 viviendas a afectados de los sismos de julio en tiempo récord, mientras 398 familias del oeste de Caracas acumulan más de una década en refugios con candados, filtraciones y un suministro de agua que llega cada 72 horas.
Caracas – La velocidad con la que el Ejecutivo capitalino reaccionó ante el doblete sísmico de 2026 contrasta brutalmente con la parálisis que envuelve a los damnificados crónicos de Venezuela. Mientras 200 familias afectadas por los recientes temblores recibieron sus viviendas en apenas tres semanas, un contingente de 398 hogares —distribuidos en cinco refugios y cuatro albergues del Municipio Libertador— cumple este año 16 años de espera, atrapados en una madeja burocrática que no distingue entre urgencias reales y mediáticas.
El origen de esta fractura se remonta a las lluvias torrenciales y deslaves que, entre 2010 y 2012, devastaron barrios populares de Catia y La Guaira. A diferencia de los afectados por los sismos recientes, quienes fueron reubicados con inusitada celeridad bajo el discurso de la «eficiencia revolucionaria», los sobrevivientes de aquella década vieron cómo sus expedientes se extraviaban en el laberinto de los censos oficiales, dando paso a una vida precaria que ya se extiende por generaciones.
La rutina del hacinamiento y la precariedad
En la Torre Pomarrosa, un edificio que funciona como albergue desde hace 16 años, viven 110 familias. El inmueble tiene un régimen de puertas cerradas: después de las 10 de la noche, un candado custodiado por las Cuadrillas Defensoras de la Paz (Cupaz) impide la entrada o salida sin un permiso escrito. Allí, Yarcelis, madre de seis hijos —uno de ellos con autismo y microcefalia—, comparte un baño con otras 20 personas y sobrevive a la escasez de agua que obliga a los vecinos a almacenar el líquido en cilindros durante las madrugadas. «Nos tienen aquí como si fuéramos cucarachas», denuncia, aunque el miedo a represalias la obliga a mantener la voz baja.
El deterioro físico de estas estructuras es otro signo del abandono. Las filtraciones dibujan manchas de humedad en los techos de la Casa Taller, un albergue que lleva un mes sin servicio de agua y donde 12 personas comparten un solo sanitario. Moraima, afectada por artrosis y problemas de movilidad, no puede bajar las escaleras en caso de emergencia. Un ingeniero le advirtió tras los recientes sismos que debía evacuar rápidamente si temblaba de nuevo, pero ella responde con la pregunta que ningún funcionario ha sabido responder: «¿Cómo corro si apenas puedo levantarme?».
El limbo burocrático y la «lotería» de los créditos
El sistema de asignación de viviendas funciona, en palabras de los propios damnificados, «casi como una lotería». Moraima recibió en su momento un crédito de 8.000 bolívares (equivalentes a unos 10 dólares) para adquirir una vivienda, una cifra que en la economía actual apenas alcanza para un rancho en zonas de alto riesgo a las que ella, por su discapacidad, no puede acceder.
Raúl, quien llegó a la Posada de Catia en 2010 tras el derrumbe de su hogar por una riada, encarna la pasividad que genera el desgaste institucional. «No sé con exactitud cuándo va a llegar mi turno. La única gestión que voy a hacer es cuando me digan que busque mi casa», confiesa con la mirada perdida, sin fuerzas para seguir reclamando en los pasillos del poder.
El control estatal y la amenaza a quien reclama
La presencia de las Cupaz en los accesos de los albergues no es el único mecanismo de control. Marioxis Barrios, funcionaria de la Comisión Presidencial de Refugios Dignos, insiste en que los ocupantes «no son propietarios» y deben solicitar autorización formal para recibir visitas o salir después del horario establecido. Sin embargo, la línea entre el control y la represión se vuelve difusa cuando los damnificados intentan alzar la voz.
Hace apenas semanas, los refugiados de la Torre Pomarrosa y la Casa Taller utilizaron la red social TikTok para denunciar la desigualdad en la entrega de las nuevas viviendas. La respuesta del gobierno no fue una revisión de sus casos, sino el anuncio de un nuevo censo y una advertencia explícita: quienes realicen «acciones de desacato» serán activados «bajo la acción legal». La amenaza, velada pero contundente, ha sembrado el temor entre las familias, que ven cómo su derecho a la vivienda se diluye entre el silencio impuesto y la promesa incumplida.
La palabra oficial frente a la realidad cotidiana
Desde el Palacio de Miraflores, el discurso defiende la «dignificación» de estos espacios y el esfuerzo por reubicar a las familias. Sin embargo, las 200 viviendas entregadas a los damnificados de los sismos en tiempo récord evidencian que el Estado tiene la capacidad operativa para resolver el déficit habitacional cuando la coyuntura política lo exige. La pregunta que queda flotando en el ambiente de los refugios es inocente pero demoledora: ¿Por qué a ellos sí y a nosotros no?
El peso de una espera que ya es herencia
Mientras los políticos celebran la prontitud de las respuestas ante las emergencias mediáticas, en el oeste de Caracas crece una generación que no conoce otra cosa que el eco de las tuberías oxidadas y el golpe del candado nocturno. Magdalena, la mujer que compró una vajilla para estrenar en su nueva casa, murió sin desempaquetarla. Su historia es el epitafio de una promesa de Estado que, para los damnificados crónicos, se ha convertido en la condena más larga y silenciosa del país.
