La intervención de 488 paradas de motoconcho y cientos de fiscalizaciones reabre el debate sobre la efectividad de los operativos de alto impacto. Especialistas y sectores sociales advierten que, sin educación vial, fiscalización permanente y aplicación rigurosa de la ley, las acciones podrían quedar como respuestas temporales al clamor público y mediático, sin resolver las causas estructurales del caos en las calles dominicanas.
Santo Domingo, RD. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), en coordinación con la Policía Nacional, la DIGESETT, Migración, el DICRIM y la DNCD, informó la intervención de 488 paradas de motoconcho en todo el país, como parte de un operativo de regularización que dejó más de 1,500 fiscalizaciones, cientos de motocicletas retenidas y decenas de personas detenidas.
La institución presentó las acciones como un esfuerzo para fortalecer el orden y la seguridad en el sistema de transporte. Sin embargo, la magnitud del operativo ha vuelto a poner sobre la mesa las críticas sobre la ausencia de una política integral y permanente de movilidad en la República Dominicana.
Diversos sectores consideran que este tipo de intervenciones, aunque generan una percepción inmediata de control, suelen tener efectos limitados si no van acompañadas de medidas estructurales y sostenidas en el tiempo. Recuerdan que el país enfrenta desde hace años problemas crónicos como el desorden del transporte informal, la escasa educación vial, el irrespeto a las normas de tránsito y una fiscalización que muchos califican de intermitente.
Los cuestionamientos también apuntan a que los operativos de gran despliegue suelen intensificarse en medio de la presión social y de la cobertura mediática sobre los accidentes de tránsito, sin que posteriormente se mantenga una estrategia continua de supervisión y prevención.
Para expertos en movilidad, la crisis del tránsito dominicano no se resolverá únicamente con operativos aparatosos ni con medidas de impacto momentáneo. Sostienen que el país necesita políticas públicas reales y de largo plazo que incluyan educación vial desde las escuelas, regulación efectiva del transporte de pasajeros, fortalecimiento institucional, mejoras en la infraestructura y un régimen de consecuencias que se aplique de manera permanente y sin excepciones.
Mientras las autoridades destacan los resultados de la jornada de intervención, persiste la interrogante de si estas acciones representan el inicio de una transformación sostenida del sistema de tránsito o si volverán a convertirse en respuestas coyunturales que, pese a su amplio despliegue, terminan sin alterar de manera significativa la realidad de las calles dominicanas.
