Francisco Álvarez asegura que las condenas impuestas en el caso marcan un antes y un después en la lucha contra la corrupción, al superar por primera vez las penas tradicionalmente aplicadas en procesos de alto perfil.
El coordinador general de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez Valdez, calificó la sentencia emitida en el caso Coral 5G como un acontecimiento histórico para la justicia dominicana, al considerar que rompe con el patrón de impunidad que durante décadas caracterizó los procesos por corrupción administrativa en el país.
Álvarez señaló que las condenas de hasta 20 años de prisión impuestas a varios de los principales implicados representan un cambio significativo en la aplicación del régimen de consecuencias frente a los delitos contra el Estado.
“El techo de los 10 años se rompió”, expresó el dirigente cívico, al recordar que expedientes emblemáticos como Baninter, Banco del Progreso y Banco Peravia concluyeron con penas que no superaron una década de prisión.
A su juicio, la ausencia de sanciones proporcionales ha contribuido al crecimiento de la corrupción en República Dominicana. “Cuando no se aplica el régimen de consecuencias, lo que ocurre es que crece la corrupción”, afirmó.
Álvarez sostuvo que el valor de la sentencia no radica únicamente en la magnitud de las condenas, sino en el mensaje que envía sobre la capacidad del sistema judicial para responder a casos de gran impacto social. En ese sentido, consideró que las penas impuestas en procesos anteriores fueron insuficientes en comparación con los daños ocasionados al Estado.
Asimismo, destacó la fundamentación jurídica presentada por el tribunal y manifestó confianza en que la decisión pueda mantenerse durante las etapas de apelación y revisión que aún restan en el proceso.
Acción judicial de Jean Alain Rodríguez
Durante la entrevista, Álvarez también reveló que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, presentó una querella por difamación e injuria contra él, los integrantes del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y la propia organización, tras la publicación de uno de sus informes de monitoreo sobre casos de corrupción.
Según explicó, la acción fue declarada inadmisible en primera instancia y posteriormente esa decisión fue ratificada en apelación.
El dirigente indicó que la organización asumió de manera institucional la defensa de sus miembros y consideró que este tipo de situaciones forman parte de los desafíos que enfrentan las entidades dedicadas a la vigilancia ciudadana y la promoción de la transparencia.
Cuestionamientos sobre SENASA
Otro de los temas abordados fue la investigación relacionada con presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SENASA). Sobre este caso, Álvarez afirmó que se trata del expediente más preocupante que ha observado durante su trayectoria en la lucha contra la corrupción.
El representante de Participación Ciudadana expresó especial inquietud por el impacto que tendrían las presuntas irregularidades en los servicios de salud y en la atención de los sectores más vulnerables de la población.
Finalmente, sostuvo que las investigaciones sobre posibles actos de corrupción en distintas administraciones evidencian la necesidad de mantener mecanismos permanentes de fiscalización y rendición de cuentas, independientemente de quién ejerza el poder.
Para Participación Ciudadana, la sentencia del caso Coral 5G y el seguimiento a otros procesos en curso constituyen pasos importantes para fortalecer la transparencia institucional y consolidar una cultura de consecuencias frente a los actos de corrupción en la República Dominicana.
