Los apagones y el encarecimiento de los recibos desatan el malestar ciudadano, mientras el Gobierno atribuye las alzas al consumo y asegura que las tarifas no suben desde 2022.
SANTO DOMINGO, RD.– La combinación de facturas eléctricas más elevadas e interrupciones del suministro en distintas zonas del país reabre el debate sobre la eficiencia del sistema eléctrico dominicano, las pérdidas de las distribuidoras y el impacto económico que enfrenta la población.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sostuvo que las tarifas eléctricas no han aumentado desde 2022 y atribuyó el incremento de los recibos, principalmente, al mayor consumo asociado a las altas temperaturas y al uso prolongado de equipos de climatización.
Sin embargo, la explicación oficial no despeja todas las dudas. Los consumidores también cuestionan las diferencias en los montos facturados y reclaman mayor transparencia en los cálculos, especialmente cuando consideran que sus hábitos de consumo no justifican los aumentos.
Una tarifa sin cambios, pero facturas más altas
Que la tarifa no haya experimentado un incremento formal no significa que el monto de la factura permanezca igual. El importe final depende, entre otros factores, de la cantidad de energía consumida y de los cargos aplicables.
Durante los períodos de calor intenso, el uso de aires acondicionados, abanicos y otros equipos puede elevar la demanda eléctrica de los hogares. No obstante, cuando una factura presenta variaciones difíciles de explicar, corresponde revisar las lecturas del medidor, el período facturado y la aplicación de los cargos correspondientes.
Las distribuidoras deben facilitar esa información y ofrecer mecanismos efectivos para investigar posibles errores, en lugar de limitarse a atribuir las alzas al consumo estacional.
Apagones que agravan el malestar
Las interrupciones eléctricas denunciadas en distintas comunidades afectan la vida cotidiana y generan gastos adicionales para hogares, comercios y pequeñas empresas.
Los cortes pueden ocasionar pérdidas de alimentos, dificultades para trabajar y estudiar, daños en equipos y mayores costos por el uso de inversores y plantas eléctricas. Para muchos negocios, estas contingencias reducen sus márgenes de operación y dificultan la planificación de sus actividades.
La coincidencia entre facturas más altas y apagones alimenta la inconformidad ciudadana, pues los consumidores deben afrontar el costo de la electricidad y, en algunos casos, asumir gastos adicionales para compensar las interrupciones.
Determinar las causas de los cortes requiere distinguir entre problemas de generación, transmisión y distribución, así como averías, mantenimientos y otras incidencias operativas. Publicar datos sobre su frecuencia, duración y ubicación permitiría dimensionar el problema y evaluar las medidas correctivas.
Pérdidas eléctricas bajo la lupa
Uno de los principales desafíos estructurales del sector son las pérdidas de las empresas distribuidoras. Joel Santos situó este indicador en torno al 39 % y señaló que el Gobierno busca reducirlo mediante inversiones en redes, subestaciones y otras infraestructuras.
Las pérdidas técnicas y no técnicas reducen la proporción de energía que se factura y cobra, presionan las finanzas de las distribuidoras y contribuyen a mantener la necesidad de aportes estatales.
Reducirlas es fundamental para mejorar la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, los resultados deben medirse con indicadores verificables: menores pérdidas, reducción de averías, mejor gestión de los recursos y avances concretos en la continuidad del suministro.
Transparencia y eficiencia: los desafíos pendientes
La discusión eléctrica dominicana va más allá de establecer si hubo un aumento formal de las tarifas. También exige examinar la facturación, la eficiencia de las distribuidoras, el destino de las inversiones y el uso de los recursos públicos.
Las explicaciones sobre el consumo pueden aclarar parte de las variaciones en los recibos, pero no sustituyen la investigación de reclamaciones individuales ni la obligación de informar sobre las causas de los apagones.
La ciudadanía necesita herramientas para verificar sus facturas, presentar reclamaciones y conocer los resultados de las medidas anunciadas para reducir las pérdidas y mejorar la infraestructura eléctrica.
En definitiva, el reto consiste en lograr que el costo de la electricidad sea comprensible y justificable para los usuarios, mientras las autoridades avanzan en la corrección de las deficiencias estructurales del sector. La confianza dependerá de la transparencia de las cuentas y de resultados que puedan comprobarse.
