El presidente de la Suprema Corte de Justicia defendió el carácter político del Consejo Nacional de la Magistratura y aseguró que esto no significa que sus decisiones respondan a intereses partidarios
Santo Domingo, RD.– El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, defendió el carácter político del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y afirmó que los principales partidos políticos del país han tenido un comportamiento similar frente a ese órgano encargado de evaluar y escoger a los jueces de las altas cortes.
En un encuentro con periodistas de la fuente judicial, Molina sostuvo que las decisiones que se adoptan en el CNM responden a una dimensión política vinculada con la organización y fortalecimiento de la institucionalidad democrática, por lo que consideró que ese componente no debe interpretarse necesariamente como una actuación partidista.
“Los tres partidos han actuado igualito”, afirmó Molina al referirse al comportamiento de las organizaciones políticas dentro del CNM.
El magistrado explicó que la política, desde su perspectiva, forma parte de la naturaleza de las instituciones que surgen de la Constitución. Para ilustrar su argumento, sostuvo que, así como la Biblia puede ser considerada un libro religioso, la Constitución es un “libro político” y, por tanto, los órganos que emanan de ella también tienen una dimensión política.
Sin embargo, estableció una diferencia entre lo político y lo partidista.
Molina planteó que los jueces de las supremas cortes, en cualquier parte del mundo, pueden tener una dimensión política en el sentido institucional, pero esto no significa que deban responder a intereses de partidos políticos determinados.
“Nadie puede decirme que tomé una decisión en función de un partido”
Al defender su trayectoria al frente del Poder Judicial, Molina aseguró que durante los siete años que ha encabezado esa institución nadie puede señalar que haya tomado decisiones siguiendo instrucciones o intereses de una organización política.
“Nadie puede decirme a mí que yo tomé una decisión en función de un partido”, afirmó durante la conversación con los periodistas.
El presidente de la SCJ también defendió el funcionamiento actual del CNM, aunque reconoció que sus mecanismos siempre pueden ser perfeccionados, incluyendo los procesos utilizados para evaluar a los magistrados.
A su juicio, quienes participan en el Consejo asumen la responsabilidad de sus decisiones y, aunque puedan existir diferencias entre sus integrantes, esto no significa que el proceso carezca de seriedad.
“El modelo nuestro no es malo”, sostuvo, al explicar su experiencia en diferentes consejos de la magistratura.
Molina no continuará en la Suprema Corte
Las declaraciones se producen mientras Molina se encuentra en la etapa final de su gestión al frente de la Suprema Corte de Justicia.
El magistrado decidió no someterse a una nueva evaluación para permanecer en el máximo tribunal por otro período, al igual que otros tres jueces. Su período de siete años venció en abril de 2026 y su salida de la presidencia de la SCJ se producirá antes de finalizar este año.
Molina explicó que la situación del presidente de la Suprema Corte es diferente a la de los demás jueces, debido a que quien ocupa esa posición, además de ejercer funciones jurisdiccionales, tiene responsabilidades de gestión y gobernanza.
Según planteó, esas funciones administrativas pueden generar desgaste y hacer necesaria una renovación periódica del liderazgo.
Defiende independencia e inamovilidad de los jueces
Durante el encuentro, el presidente de la SCJ también llamó a comprender la importancia de la independencia y la inamovilidad judicial como garantías destinadas a proteger a los ciudadanos.
Molina advirtió que la permanencia de un juez en la carrera judicial no debe verse como una oportunidad para ocupar una posición indefinidamente, sino como una garantía para preservar la independencia de quienes administran justicia.
En ese contexto, defendió la trayectoria de los jueces de carrera, quienes ingresan mediante concursos públicos, reciben formación especializada y avanzan dentro del sistema judicial hasta alcanzar posiciones superiores.
También sostuvo que el hecho de que un magistrado haya llegado a la Suprema Corte no significa que deba ser sustituido automáticamente cuando se cumpla un período de evaluación.
“Cada siete años se evalúa. Pero no porque haya llegado a la Suprema hay que quitarlo”, expresó.
Los acuerdos judiciales, una de las grandes tareas pendientes
Molina también identificó como uno de los principales desafíos del sistema de justicia dominicano la necesidad de fortalecer la cultura de los acuerdos y las conciliaciones.
Afirmó que, aunque los diferentes actores del sistema judicial reconocen la importancia de buscar soluciones alternativas a los litigios, en la práctica todavía existe una tendencia considerable a llevar los procesos hasta sus últimas consecuencias.
El magistrado vinculó esta situación con el uso excesivo de la prisión preventiva y consideró que una mayor utilización de los acuerdos podría contribuir a reducir significativamente esa problemática.
Recordó que los mecanismos de acuerdo ya están contemplados en el Código Procesal Penal y que los jueces tienen la responsabilidad de promoverlos cuando las condiciones legales lo permitan.
Molina comparó la realidad dominicana con la de países como Estados Unidos y Puerto Rico, donde, según explicó, los acuerdos alcanzan una proporción mucho mayor de los procesos.
Reconoce deuda con sectores vulnerables
Al hacer una valoración personal de su gestión, Molina aseguró que ha dedicado largas jornadas al trabajo al frente del Poder Judicial, pero reconoció que todavía queda una deuda con los sectores más vulnerables de la sociedad.
El magistrado manifestó que le habría gustado desarrollar mayores mecanismos institucionales para atender las necesidades de las personas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.
Sus declaraciones se producen en un momento de transición para la Suprema Corte de Justicia y vuelven a colocar sobre la mesa el debate sobre la naturaleza del Consejo Nacional de la Magistratura, la independencia judicial y la influencia de la política en la selección de quienes ocupan las principales posiciones del sistema de justicia dominicano.
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