La revisión forma parte de las investigaciones del Ministerio Público sobre una presunta estructura que habría utilizado datos legítimos de afiliados para gestionar autorizaciones, reclamaciones y pagos por servicios médicos que los usuarios aseguran no haber solicitado ni recibido.
SANTO DOMINGO.– Una auditoría médica realizada por el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) habría detectado una serie de irregularidades en las que hombres afiliados aparecían registrados como pacientes de consultas ginecológicas, pese a que, al ser contactados durante el proceso de verificación, manifestaron que nunca habían recibido esos servicios.
El hallazgo forma parte de las investigaciones que desarrolla el Ministerio Público en torno a una presunta estructura que habría utilizado información legítima de afiliados de SeNaSa para generar autorizaciones, reclamaciones y solicitudes de pago por consultas y procedimientos médicos que, según los testimonios recopilados, no habrían sido realizados.
La anomalía salió a relucir durante una revisión practicada al ginecoobstetra Steven Alexander Rabssa Fernández, uno de los profesionales de la salud incluidos en esta nueva etapa de las investigaciones relacionadas con SeNaSa.
Afiliados figuraban como pacientes sin haber recibido los servicios
De acuerdo con los resultados de la auditoría, los investigadores habrían identificado registros de servicios médicos asociados a afiliados masculinos en consultas de naturaleza ginecológica.
Como parte del procedimiento de verificación, algunos de los afiliados registrados fueron contactados para confirmar si efectivamente habían acudido a las consultas o recibido los procedimientos consignados en los documentos de reclamación.
Sin embargo, estos usuarios habrían declarado que nunca recibieron las atenciones médicas que aparecían registradas a sus nombres, lo que levantó alertas sobre la posible utilización irregular de sus datos dentro del sistema de autorizaciones y facturación.
El mecanismo investigado tendría como elemento central el uso de datos reales de personas afiliadas para sustentar transacciones relacionadas con servicios médicos que presuntamente no fueron prestados.
Investigación apunta a posibles reclamaciones irregulares
La revisión forma parte de las diligencias realizadas por el Ministerio Público para determinar cómo se habrían generado y procesado las reclamaciones sometidas a SeNaSa y quiénes habrían intervenido en las diferentes etapas del proceso.
Los investigadores buscan establecer si las informaciones de los afiliados fueron utilizadas sin su conocimiento para registrar consultas, procedimientos y otros servicios con el propósito de obtener pagos de la aseguradora estatal.
En ese contexto, la auditoría médica constituye una de las herramientas utilizadas para contrastar los registros administrativos con la realidad de los servicios supuestamente ofrecidos.
La verificación de los pacientes permitiría determinar si las consultas consignadas en los expedientes médicos y reclamaciones efectivamente ocurrieron y si los afiliados reconocen haber recibido las atenciones atribuidas a sus nombres.
Steven Alexander Rabssa Fernández bajo investigación
El ginecoobstetra Steven Alexander Rabssa Fernández figura entre los profesionales de la salud que están siendo investigados en esta nueva fase del caso.
La auditoría practicada sobre sus registros habría permitido identificar las inconsistencias relacionadas con afiliados masculinos que aparecían vinculados a consultas ginecológicas.
Las autoridades procuran establecer las circunstancias en que fueron generados esos registros y determinar las responsabilidades individuales que pudieran derivarse de las operaciones investigadas.
La investigación se desarrolla en medio de un proceso más amplio del Ministerio Público para determinar la existencia, alcance y funcionamiento de una presunta estructura que habría provocado perjuicios económicos al sistema de seguridad social mediante reclamaciones por servicios médicos que los afiliados niegan haber recibido.
Hasta tanto concluyan las pesquisas y se produzcan decisiones judiciales definitivas, las personas involucradas mantienen su derecho a la presunción de inocencia.
