El periodista cuestiona adjudicaciones para el suministro de alimentación escolar en San Pedro de Macorís y reclama a los organismos anticorrupción revisar el proceso
SANTO DOMINGO, RD.– El periodista José Abreu solicitó a las autoridades competentes investigar un proceso de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) valorado en más de RD$110 millones, destinado al suministro de alimentación escolar en la provincia San Pedro de Macorís.
Abreu planteó que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, conozcan la denuncia y determinen si el procedimiento se desarrolló conforme a las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
El comunicador expresó preocupación por la participación y posterior adjudicación de contratos a personas de apellido Beltré, oriundas de la provincia de Azua, para ofrecer el servicio de alimentación escolar en San Pedro de Macorís, situación que, a su juicio, amerita una revisión de las condiciones bajo las cuales fueron evaluadas y seleccionadas.
La denuncia coloca el foco sobre aspectos como la documentación presentada por los oferentes, los criterios utilizados para su habilitación, la capacidad financiera y operativa de las empresas, las inspecciones realizadas y las razones que sustentaron las adjudicaciones.
Abreu ha insistido en que su planteamiento no constituye una acusación definitiva, sino un llamado a que las instituciones responsables investiguen y establezcan la verdad sobre el proceso.
El monto involucrado y la naturaleza del servicio hacen que el caso trascienda una controversia entre participantes de una licitación. Se trata de recursos públicos destinados a garantizar la alimentación de estudiantes, por lo que cualquier duda sobre la transparencia, capacidad o cumplimiento de los requisitos debe ser esclarecida mediante una revisión objetiva del expediente.
La solicitud del periodista adquiere relevancia en momentos en que el propio INABIE ha informado sobre inspecciones y medidas adoptadas contra proveedores del programa de alimentación escolar por distintas irregularidades detectadas durante verificaciones.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en quién obtuvo los contratos, sino en si todos los participantes cumplieron las mismas reglas, si las evaluaciones fueron realizadas con rigor y si las empresas adjudicatarias cuentan efectivamente con las condiciones necesarias para prestar el servicio contratado.
Mientras corresponde a las autoridades determinar si existen o no irregularidades, el reclamo de José Abreu abre nuevamente el debate sobre los mecanismos de control en las contrataciones públicas y la necesidad de garantizar que cada peso destinado a la alimentación escolar sea utilizado con transparencia y bajo estricta vigilancia institucional.
Las autoridades competentes tendrán la última palabra sobre la procedencia de la denuncia y, de ser necesario, sobre las responsabilidades que pudieran derivarse de los resultados de una investigación.
