Eddy Alcántara informó que varias instituciones del Estado participan en las negociaciones entre Anadegas y los proveedores de los dispositivos de pago electrónico, mientras se acerca la fecha anunciada para su desconexión en 780 estaciones.
SANTO DOMINGO, RD. — El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) intervino en el conflicto entre la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas) y los proveedores de los dispositivos electrónicos conocidos como verifones, ante la decisión del gremio de retirar estos equipos de cientos de estaciones de combustibles.
El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcántara, informó este martes que varias instituciones del Estado participan en las gestiones destinadas a encontrar una salida al conflicto y evitar que las diferencias entre los detallistas y los proveedores de servicios de pago terminen afectando a los consumidores.
Las conversaciones son encabezadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades públicas.
Anadegas mantiene fecha para retirar los dispositivos
El conflicto adquiere mayor relevancia debido a que Anadegas anunció que desconectará los verifones en sus 780 estaciones afiliadas a partir del próximo 25 de septiembre, si antes no se alcanza un acuerdo sobre las condiciones económicas relacionadas con el procesamiento de pagos electrónicos.
La eventual desconexión modificaría los mecanismos de pago disponibles para los clientes que utilizan tarjetas de crédito o débito al momento de adquirir combustibles.
Ante este escenario, Pro Consumidor ha insistido en la necesidad de encontrar una solución que permita proteger los derechos de los usuarios y evitar que el conflicto comercial se traduzca en dificultades para los consumidores.
El conflicto gira alrededor de las comisiones
Las diferencias entre Anadegas y los proveedores de los servicios de pago se mantienen desde julio y están relacionadas principalmente con las comisiones aplicadas a las transacciones realizadas con tarjetas bancarias.
El gremio sostiene que los costos asociados al uso de los verifones representan una carga considerable para las estaciones de combustibles. Según sus planteamientos, esos cargos equivalen a alrededor del 27 % del margen bruto que obtiene una estación por cada galón vendido.
Anadegas ha planteado la necesidad de modificar el esquema vigente de cobros y ha señalado que algunas estaciones enfrentan tasas que, según el gremio, oscilan entre 1.95 % y 3 % sobre el valor de las transacciones.
La organización ha propuesto alternativas que incluyen una reducción de las tasas o el establecimiento de un cargo fijo por las operaciones electrónicas.
Gobierno busca evitar perjuicios a los usuarios
Eddy Alcántara sostuvo que las partes deben alcanzar un entendimiento que permita solucionar sus diferencias sin trasladar las consecuencias a los consumidores.
El funcionario llamó a Anadegas a actuar con sensatez y permitir que las autoridades continúen las gestiones encaminadas a encontrar una solución.
Pro Consumidor mantiene comunicación con los representantes del gremio y da seguimiento a las conversaciones que encabeza el MICM, según explicó Alcántara.
El pago con tarjetas representa una parte importante de las compras
La preocupación de las autoridades está relacionada también con el uso extendido de las tarjetas como mecanismo de pago para la compra de combustibles.
De acuerdo con datos citados en las informaciones sobre el conflicto, entre enero y mayo de 2026 las compras de combustibles realizadas mediante tarjetas alcanzaron aproximadamente RD$41,002.1 millones.
Esto significa que una eventual interrupción del servicio de los verifones tendría implicaciones para una cantidad significativa de consumidores acostumbrados a utilizar medios de pago electrónicos en las estaciones.
A diez días de la fecha anunciada
Mientras avanzan las gestiones oficiales, quedan diez días para la fecha fijada por Anadegas para desconectar los dispositivos en sus estaciones afiliadas.
Hasta este martes, las autoridades no habían anunciado públicamente una fórmula definitiva para resolver las diferencias entre el gremio y los proveedores de los servicios de pago.
El objetivo de las instituciones involucradas es lograr que las partes encuentren un punto de entendimiento antes de que llegue el 25 de septiembre y evitar que los usuarios enfrenten restricciones en las opciones disponibles para pagar sus combustibles.
Pro Consumidor coloca al consumidor en el centro del proceso
La intervención de Pro Consumidor responde a su responsabilidad de velar por los derechos de los usuarios y procurar que las disputas entre empresas y proveedores no generen perjuicios para quienes utilizan los servicios.
El escenario mantiene abiertas las negociaciones entre Anadegas y los proveedores de los verifones, mientras el Gobierno procura facilitar un acuerdo que permita resolver las diferencias sobre los costos de las transacciones electrónicas.
Por ahora, la fecha del 25 de septiembre permanece como el plazo anunciado por Anadegas para la desconexión de los equipos en sus 780 estaciones afiliadas, a la espera de que las conversaciones conduzcan a una solución antes de que se concrete la medida.
