El sector inmobiliario busca anular la medida antes de su entrada en vigor y alega que el proceso estuvo influenciado políticamente
Nueva York. La política de vivienda del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, enfrenta su primer gran desafío judicial. Un grupo de propietarios de inmuebles presentó una demanda para impedir la entrada en vigor del congelamiento de alquileres aprobado para cerca de un millón de apartamentos con renta estabilizada, al considerar que la decisión fue arbitraria y perjudica la sostenibilidad financiera del sector.
La acción legal solicita a los tribunales anular la denominada Orden N.º 58, aprobada por la Junta de Regulación de Alquileres (Rent Guidelines Board, RGB), y mantener temporalmente vigente la normativa anterior, que autorizaba incrementos del 3 % para contratos de un año y del 4.5 % para los de dos años. Los demandantes también piden suspender la aplicación de la nueva medida antes de que entre en vigor el próximo 1 de octubre.
Los propietarios sostienen que el organismo regulador manipuló datos económicos para justificar el congelamiento y que actuó bajo la influencia del alcalde Mamdani, quien convirtió esta iniciativa en una de las principales promesas de su campaña electoral. Además, argumentan que impedir los aumentos afectará la capacidad de cubrir los crecientes costos de mantenimiento y operación de los edificios.
La administración municipal, por su parte, defiende la medida como un alivio económico para cientos de miles de familias que viven en apartamentos con renta estabilizada. El congelamiento, aprobado en junio, beneficia aproximadamente a una cuarta parte de los inquilinos de la ciudad y fue celebrado por organizaciones defensoras del derecho a la vivienda como una decisión histórica frente al elevado costo de vida en Nueva York.
Ahora corresponderá a los tribunales determinar si la Junta de Regulación de Alquileres actuó conforme a la ley o si, como alegan los demandantes, incurrió en irregularidades que justifiquen dejar sin efecto la resolución. El resultado del proceso podría marcar el futuro de la política de control de alquileres en la ciudad y convertirse en un precedente para futuras disputas entre propietarios, autoridades e inquilinos.
