La iniciativa, que continúa su trámite en el Congreso Nacional, propone una profunda reforma al sector de los juegos de azar, con sanciones de hasta 10 años de prisión para operaciones ilegales, nuevos impuestos y la creación de un organismo regulador especializado.
Santo Domingo. – El proyecto de ley que busca reorganizar el sector de los juegos de azar en la República Dominicana contempla una moratoria de diez años para la emisión de nuevas licencias de bancas de lotería, apuestas deportivas, salas de tragamonedas y casinos, con el objetivo de frenar la expansión de estos establecimientos y fortalecer la regulación de la actividad.
La propuesta legislativa, aprobada por la Cámara de Diputados y pendiente de conocimiento en el Senado, establece que durante una década no podrán otorgarse nuevas licencias para bancas de lotería ni otros establecimientos de apuestas. La única excepción será para casinos que formen parte de nuevos proyectos hoteleros autorizados.
Además de limitar el crecimiento del sector, el proyecto endurece las sanciones contra quienes operen al margen de la ley. Las personas que administren negocios de juegos de azar sin licencia o fuera de los lugares autorizados podrían enfrentar penas de entre uno y dos años de prisión, mientras que las infracciones más graves, como el uso de testaferros, la ocultación de ganancias o el fraude en las operaciones, serían castigadas con condenas de hasta diez años de cárcel.
La iniciativa también crea la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), un organismo autónomo que tendría la responsabilidad de regular, supervisar, fiscalizar y sancionar todas las actividades relacionadas con los juegos de azar en el país. Asimismo, administraría un Sistema Único de Registro para fortalecer la transparencia del sector y prevenir el lavado de activos.
En materia tributaria, el proyecto fija un impuesto del 10 % sobre las ventas brutas de los juegos de azar operados por internet y faculta a las autoridades a bloquear páginas web, dominios y direcciones IP de plataformas que funcionen sin la autorización correspondiente.
La propuesta también introduce nuevas reglas para la ubicación de los establecimientos de apuestas. Los casinos, salas de tragamonedas y otros negocios similares no podrán instalarse a menos de 500 metros de escuelas, hospitales e iglesias, mientras que las bancas de lotería deberán guardar una distancia mínima de 200 metros de esos centros.
Como parte de las medidas orientadas a promover el juego responsable, el proyecto crea un Registro Nacional de Autoexclusión para personas con problemas de ludopatía y prohíbe que los establecimientos otorguen préstamos a los jugadores o acepten bienes personales, como vehículos, joyas u otros objetos, como garantía para realizar apuestas. Además, se impide el acceso a menores de edad, personas en estado de embriaguez o portando armas, así como a deportistas y árbitros que pretendan apostar en competencias en las que participen.
La iniciativa también establece horarios específicos para el funcionamiento de casinos y salas de tragamonedas, que operarían desde las 4:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana, y dispone que el 10 % de las multas recaudadas por violaciones a la ley sea destinado a programas de prevención y tratamiento de la ludopatía.
El proyecto forma parte de los esfuerzos del Congreso para modernizar el marco legal que regula los juegos de azar en el país y fortalecer los mecanismos de supervisión, tributación y control de una industria que mueve importantes recursos económicos y que, en los últimos años, ha sido objeto de procesos de regularización impulsados por el Gobierno.
