El proyecto de modificación preserva las sanciones más severas para los funcionarios que desvíen recursos del Estado, en una de las disposiciones que busca fortalecer el combate contra la corrupción administrativa.
Santo Domingo.– El proyecto de reforma al Código Penal mantiene las penas de cinco a diez años de prisión para los funcionarios públicos que incurran en el delito de malversación de fondos públicos, reafirmando el endurecimiento de las sanciones contra los actos de corrupción en la administración estatal.
La disposición forma parte de las modificaciones sometidas por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, las cuales abarcan cambios en 18 artículos del nuevo Código Penal antes de su entrada en vigor. Entre ellos, se mantiene el régimen sancionador para quienes administren, sustraigan o utilicen de manera indebida recursos pertenecientes al Estado.
De acuerdo con el texto en discusión, las penas por malversación de fondos públicos permanecen en un rango de cinco a diez años de prisión, además de las sanciones económicas y otras consecuencias legales que correspondan, con el propósito de reforzar la responsabilidad de los servidores públicos en el manejo de los recursos estatales.
La reforma también introduce ajustes en otros tipos penales relacionados con la difamación, el hostigamiento, el ejercicio de la medicina, el ultraje jurisdiccional y la difusión de contenido íntimo, entre otros aspectos que actualmente son objeto de análisis por parte de los legisladores.
El proyecto continúa siendo conocido por el Congreso Nacional, donde distintos sectores han expresado posiciones a favor y en contra de algunas de las modificaciones propuestas. No obstante, el mantenimiento de las penas por malversación ha sido presentado como una medida orientada a fortalecer la lucha contra la corrupción y garantizar un mayor control sobre el uso de los recursos públicos.
