La Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados pidió al Ministerio Público esclarecer el seguimiento dado a la Fundación Restaurando Vidas y determinar posibles responsabilidades.
SANTO DOMINGO, RD. — La Comisión de Niñez y Familia de la Cámara de Diputados solicitó esclarecer las circunstancias que permitieron que la Fundación Restaurando Vidas, intervenida en 2025 y que, según lo señalado por la comisión, no contaba con la habilitación requerida, volviera a operar con menores bajo su cuidado.
El organismo legislativo pidió al Ministerio Público y a las instituciones competentes rendir un informe sobre las acciones de seguimiento realizadas después de la intervención del centro y explicar cómo fue posible que retomara sus operaciones con niños bajo su responsabilidad.
La comisión también planteó la necesidad de establecer las responsabilidades correspondientes en caso de que se determine que hubo fallas, omisiones o incumplimientos en los mecanismos de supervisión y seguimiento institucional.
Piden proteger a los menores
Además de solicitar una investigación sobre el funcionamiento de la fundación, los legisladores reclamaron que los niños que se encontraban bajo su cuidado reciban atención médica y psicológica, con el propósito de evaluar su estado de salud y garantizar su bienestar.
La Comisión de Niñez y Familia consideró necesario que las autoridades actúen con prioridad cuando se trate de menores alojados en centros de protección, debido a su condición de especial vulnerabilidad.
En ese sentido, planteó también una revisión de los mecanismos de supervisión utilizados para controlar los centros que albergan niños y adolescentes, con el objetivo de evitar que establecimientos que no cumplan con los requisitos establecidos puedan continuar operando.
Revisarán controles a centros de menores
El llamado de los diputados pone nuevamente bajo escrutinio los procedimientos utilizados por las instituciones responsables de habilitar, supervisar e intervenir centros destinados al cuidado de menores.
La comisión busca determinar si existen debilidades en los procesos de fiscalización y seguimiento que permitan que un centro intervenido pueda posteriormente retomar sus actividades sin cumplir con las condiciones requeridas.
Los legisladores insistieron en que cualquier actuación de las autoridades debe priorizar la seguridad, integridad física y salud emocional de los menores, además de garantizar que las instituciones encargadas de su cuidado operen bajo los controles establecidos.
La comisión espera que las instituciones correspondientes aporten las informaciones solicitadas y que, a partir de los resultados de las investigaciones, se adopten las medidas necesarias para establecer responsabilidades y fortalecer la protección de niños y adolescentes en centros de acogida.
